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Cargos del CNI consideran que desclasificar informes como los de Ceuta por «motivos políticos» es peligroso y que esa práctica «sienta un precedente», según fuentes consultadas por El Independiente.
Las fuentes del servicio de inteligencia alertan de que documentación generada bajo la premisa de permanecer reservada contiene «información sobre fuentes, métodos de obtención, sistemas de vigilancia» y que levantar su reserva para dirimir una controversia política puede debilitar la protección que garantiza su trabajo, señala El Independiente.
El debate se abrió después de que el presidente del Gobierno anunciara en el Congreso la desclasificación parcial de los informes y comunicaciones referidos a la entrada masiva de migrantes en Ceuta; el Ejecutivo publicó un repositorio con 40 documentos y comunicaciones emitidos entre el 1 y el 31 de julio para reconstruir la secuencia informativa disponible, según la nota oficial de La Moncloa.
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Las fuentes del CNI consultadas por El Independiente distinguen entre la desclasificación aprobada por el Ejecutivo para responder políticamente y las solicitudes judiciales: la jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, ha reclamado a varias instituciones —Ejército, CIFAS, Guardia Civil, Policía y Delegación del Gobierno— documentación adicional para investigar la cadena de avisos previos a la crisis, apunta el mismo reportaje.
Según El Independiente, entre los documentos publicados había tres notas del CNI, un informe del CIFAS y comunicaciones con la Delegación del Gobierno en Ceuta y la Guardia Civil; La Moncloa explica que la publicación se hizo con medidas de anonimización para preservar datos personales y proteger información sensible.
Qué preocupa en los servicios de inteligencia
Las fuentes internas insisten en que la desclasificación por razones políticas puede exponer fuentes y métodos y convertir la reserva en una herramienta de gestión de reputaciones en vez de una salvaguarda operativa, según El Independiente.
El material publicado por La Moncloa incluye fechas y horas de envío, remitentes y destinatarios institucionales para ofrecer una secuencia verificable; aun así, el Gobierno reconoció que no todo el archivo podía hacerse público por incorporar información procedente de servicios extranjeros o datos especialmente protegidos.
La diferencia entre una desclasificación gubernamental y la entrega de documentación a un órgano judicial también aparece en el debate: un juez puede solicitar documentación para depurar responsabilidades, pero, si un documento está protegido por la ley de secretos oficiales, deberá seguirse el procedimiento legal para incorporarlo a la causa, señala El Independiente.
En este contexto, cargos del CNI dicen que la práctica podría marcar un precedente para futuras crisis y advierten del riesgo operativo en la gestión de inteligencia si la desprotección queda asociada a necesidades políticas.
Sources
- El Independiente — Reportaje que recoge las declaraciones de cargos vinculados al CNI y detalla la preocupación por el precedente de desclasificar documentos de inteligencia.
- La Moncloa — Repositorio oficial que publica 40 documentos y comunicaciones sobre la situación de Ceuta entre el 1 y el 31 de julio y aclara las medidas de anonimización aplicadas.
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