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El Gobierno desclasificará hoy los informes de Inteligencia sobre Ceuta, anunció El Independiente, y aprobará en el Consejo de Ministros el levantamiento del secreto para que la Audiencia Nacional acceda a la documentación.
La decisión, según el despacho, responde al requerimiento de la jueza María Tardón, que pidió hace semanas la desclasificación para reconstruir «qué autoridades conocían, y desde qué momento, la convocatoria de entrada masiva» y obtener las notas y alertas que manejaron los servicios de información.
Los documentos reclamados incluyen comunicaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) con fecha 29 y 30 de julio, entre ellas un aviso del CENIF del 29 de julio que calificaba el cruce marítimo como el «principal foco de riesgo» y elevaba la valoración a «riesgo muy alto».
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El Independiente detalla además un intercambio del CNI con la unidad UCE-3 de la Guardia Civil el 29 de julio a las 13:53, que advertía de un posible intento de entradas a nado y salto a la valla al día siguiente, y menciona llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp que las pesquisas han incorporado a la causa.
La desclasificación no implica que toda la información se haga pública: la norma permite al Ejecutivo acotar la difusión para preservar fuentes, métodos y capacidades operativas, pero lo relevante para la instrucción es que la magistrada pueda examinar la documentación con las garantías procesales pertinentes.
En la investigación han declarado mandos y agentes; por ejemplo, el inspector jefe de la Policía en Ceuta declaró que «Nunca llegó la orden», una frase que la pieza incorpora al contrastar los testimonios con las alertas previas reflejadas en los informes.
Qué pide la jueza y qué puede aportar
Tardón exige la relación de destinatarios de las notas remitidas por el CNI, las fechas y horas de envío y la acreditación de recepción, además de identificar a los interlocutores que intercambiaron mensajes los días 27, 28 y 29 de julio para reconstruir la cadena de trasmisión.
La documentación también incluye comunicaciones con los servicios de inteligencia marroquíes, y la magistrada reclama conocer qué información se intercambió y si hubo colaboración antes y después de la entrada masiva, un punto que la investigación considera relevante para situar responsabilidades.
La norma que regula la clasificación de documentos en España (Ley 9/1968) faculta al Consejo de Ministros a levantar la protección cuando desaparezcan las razones que la justificaron o cuando exista una necesidad judicial de acceso; El Independiente explica que el Ejecutivo actuará en ese marco legal.
Sources
- El Independiente — confirmó que el Consejo de Ministros aprobará hoy la desclasificación y detalló los informes, fechas y comunicaciones que reclama la jueza María Tardón.
