La Fiscalía investiga la presunta participación de militares y policías en una supuesta red de tráfico de armas para conformar grupos de civiles cuya misión era repeler el paro nacional de 2021.
Entre $5 y $28 millones de pesos se habrían desembolsado a los integrantes de esos grupos que habrían disparado con armas de fuego contra los manifestantes en mayo de ese año en Ciudad Jardín y otros barrios de Cali.
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Este hecho se dio a conocer a través de Caracol Radio. Asimismo el medio de comunicación reveló las interceptaciones legales que hacen parte del material probatorio dentro de un proceso contra Eduardo Molina y un grupo de militares, por presuntamente estar vinculados a una red de tráfico de armas.
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Esta denuncia ha generado diversas reacciones y tienen en el ojo del huracán a algunos miembros del Ejército. Diversos sectores políticos y sociales han exigido claridad sobre este tema.
“Red de tráfico de armas de Ejército a civiles para atacar manifestantes, confirma hechos gravísimos de responsabilidad estatal en el estallido social. Nos sumamos a las solicitudes y exigencias de las organizaciones sociales que reclaman respuestas, investigaciones y sanciones” expresó la congresista María José Pizarro.
Red de tráfico de armas de Ejército a civiles para atacar manifestantes, confirma hechos gravísimos de responsabilidad estatal en el estallido social.
Nos sumamos a las solicitudes y exigencias de las organizaciones sociales que reclaman respuestas, investigaciones y sanciones https://t.co/LdPqZ7tTWv
— María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) March 15, 2023
La presunta red de tráfico de armas
El caso lo presentó la Fiscalía ante un juez de la ciudad el pasado 13 de marzo de 2023. En el proceso están vinculados cuatro militares activos, uno retirado y dos civiles quienes, presuntamente habrían negociado armas y municiones con disidencias de las Farc en Nariño entre los años 2019 y 2021.
Durante la audiencia por este caso, a la misma vez la Fiscalía insistió en la responsabilidad de Molina y rechazó que a pesar de las evidencias presentadas, el acusado fuera cobijado con prisión domiciliaria.
“Y se olvidó entonces el señor juez de que a ese local comercial, es donde llegaba la munición que sacaban del batallón, entonces van a decir que el señor Molina Berrío no sabía lo que su hijo hacía.” Aseguró la fiscal del caso María Isabel Zamara.
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Sin embargo, el ente acusador insistió en la responsabilidad de los implicados, además solicitó al juez medida de aseguramiento.
“Es una persona que estaba organizando para esa época, grupos armados para repeler la acción, ahí lo dice de ‘los indios’ y los de primera línea, ¿eso qué es? Se llama autodefensas. doctor y a usted le parece que no hay gravedad y deja al señor Molina Berrío para que se quede libre en esa casa.” reprochó la fiscal.
Finalmente, este caso sigue despertando polémica en el país y será la justicia quien determine si hubo o no participación de miembros de la institución en esta red de tráfico de armas que presuntamente intervino en las manifestaciones del paro nacional en 2021.
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