La Superintendencia de Salud comunicó este miércoles, 1 de junio, la intervención forzosa administrativa que impuso a la EPS Emssanar en el Valle, Nariño, Putumayo y Cauca, debido a su situación financiera, que no es alentadora. En esta EPS son atendidos cerca de 1’900.000 personas en los departamentos mencionados anteriormente.
A través de un comunicado expedido en Pasto, Nariño, la Superintendencia Nacional de Salud –Supersalud–, decidió “intervenir para administrar esta EPS durante un año”; luego de “cuatro meses en los que Emssanar estuvo bajo medida de toma de posesión de bienes, haberes y negocios”.
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Pese a mejoría, Supersalud decidió intervenir esta EPS
De acuerdo a la entidad, en esos meses, el interventor designado, Juan Manuel Quiñones, encontró “una serie de debilidades estructurales, tales como: sobrecostos en servicios de salud; deficiencias en el proceso de contratación con los prestadores y hasta la falta de un área de medicamentos que lidere y realice las negociaciones con la industria farmacéutica”.
“La EPS Emssanar mantiene condiciones operacionales de pérdidas acumuladas y financieras con incumplimiento de los indicadores de permanencia; elementos que ocasionan debilidades en el pago oportuno de las obligaciones; el suministro de medicamentos y deficiencias en el modelo de atención en salud. Condiciones que ponen en riesgo la sostenibilidad de la entidad y la consecuente prestación del servicio de salud a sus usuarios”; afirmó Henri Philippe Capmartin, superintendente delegado para Entidades de Aseguramiento en Salud.
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Sumado a esto, la Supersalud reconoció que, desde febrero de este año, la entidad ha mejorado en su desempeño; sin embargo, los resultados no son suficientes para “mitigar los riesgos operacionales identificados”.
Por esta razón, se dio un plazo a la EPS Emssanar de dos meses para que se presente e implemente un programa de salvamento gradual de la Entidad Prestadora de Salud. A su vez, la Supersalud también ordenó “ejecutar acciones orientadas a la conciliación; depuración y pago de las obligaciones pendientes con la red prestadora y proveedora de servicios”.
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