Ocho uniformados del Gaula de la Policía, entre ellos un capitán, un mayor, un intendente, un capitán y cuatro patrulleros acusados de secuestro extorsivo fueron absueltos por la Justicia tras 7 años del proceso. Telepacífico Noticias habló con el abogado del caso.
Los hechos
Los hechos ocurrieron el pasado 9 de marzo de 2016 cuando los uniformados adscritos al grupo Elite del GAULA de la Policía Nacional, presuntamente retuvieron contra su voluntad a un hombre en un centro comercial del sur de Cali.
Así quedó registrado en el escrito de acusación: “De común acuerdo retuvieron en contra de su voluntad por tres (3) horas aproximadamente, a la víctima a quien esposaron, amenazaron y constriñeron con el propósito de exigir por su libertad, quinientos (500.000.000) millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia”
En junio de 2017 la Fiscalía solicitó precluir la investigación porque, al parecer los uniformados estaban en una misión ordenada desde Bogotá y posteriormente, tras la apelación de la Procuraduría en agosto de 2018, se decidió revocar la preclusión en diciembre de 2018.
El desenlace 7 años después
Pero, esta historia tuvo su desenlace el pasado viernes 28 de abril, cuando se conoció el fallo absolutoria en favor de los acusados.
“Lo que sucedió después de la preclusión es que en la audiencia del juicio oral, una vez practicadas las pruebas, tanto la Fiscalía como la Procuraduría y este defensor elevaron solicitud de absolución sobre la base de que lo único que se acreditó dentro de ese proceso fue lo misional que andaban desarrollando estas personas vinculadas al Gaula élite” explicó a Telepacífico Noticias Raimundo Tello, abogado de los uniformados.
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La demanda de los policías absueltos al Estado
Tras este largo proceso, los uniformados no descartan una demanda administrativa al Estado por daños y prejuicios morales causados.
“El dolor es inmenso y el efecto que produjo, sobre todo para dos de ellos, quienes no pudieron ascender en su carrera, fueron separados y los otros han sido maltratados, no sólo al interior de la propia institución por algunos compañeros, sino por la comunidad”, asegura Tello.
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Desde la defensa interpondrán esta acción ante los entes competentes.
Así lo expresa el abogado “ellos han dicho que esos primeros días en que estuvieron privados de la libertad deben motivar una demanda administrativa y lo van a hacer, van a reclamar ese comportamiento que se tuvo inicialmente cuando se les capturó y hasta que se les dejó en libertad tres días después en las audiencias preliminares.”
La decisión la tomó una juez del Juzgado de Circuito penal 005 especializado de la capital vallecaucana.
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